El Estado contra Julian Assange

El Estado se ve a sí mismo como protector de los ciudadanos. En su ensoñación, a diferencia de ellos el Estado no se sume en el caos cuando maneja la violencia, sino que lo hace de un modo racional y controlado. Y cuando alguien como Julian Assange demuestra que los sicarios del Estado son psicópatas con una edad mental de 8 años abriendo fuego real contra niños de 8 años reales, como se vio en las filtraciones de Wikileaks,  entonces el Estado lo acusa de espionaje (o violación, o lo que haga falta) lo persigue hasta donde sea y lo mata. Un uso perfectamente racional y controlado de la violencia, por supuesto, ya que se administra en cortes de justicia y salones diplomáticos, con un tono de voz suave y sin decir palabrotas.

Así, investido de todas las supercherías características de la pompa y circunstancia británicas, el Reino Unido ha privado de su libertad a Assange, primero en 2012, retenido durante 7 años en la embajada de Ecuador, sin juicio previo, por un delito que la propia acusación había desmentido ya; y después encarcelado dos años en una prisión de máxima seguridad, mientras se atendía a la petición de extradición de Estados Unidos. Finalmente se denegó la extradición, pero Estados Unidos recurrió, y mientras se atendía el recurso, se mantuvo a Assange en la prisión de máxima seguridad en la que lleva interno (sin haber sido condenado, ni siquiera juzgado aún) desde febrero de 2019.

La ONU —nacionalista y autoritaria por definición, y por tanto poco sospechosa de cualquier tipo de libertarismo— se vio obligada a pronunciarse ante el escándalo y las protestas de distintas ONGs y envió a un equipo de observadores: «En una declaración pública, el equipo de expertos pidió a las autoridades suecas y británicas que pongan fin a la privación de libertad que padece el Sr. Assange, respeten su integridad física y su libertad de movimiento y le reconozcan el derecho a percibir una indemnización»  (Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, 2016). No sólo no se indemnizó a Assange sino que se le sacó de la embajada ecuatoriana y se le encarceló. Ante semejante bochorno, la ONU mandó esta vez para curarse en salud un relator especialista en tortura que, en sus propias palabras, era bastante escéptico ante las protestas de Assange. Regresó alarmado, declarando que:

Julian Assange ha sido torturado psicológicamente de manera intencional por Suecia, Gran Bretaña, Ecuador y Estados Unidos. Primero a través del manejo altamente arbitrario de los procedimientos en su contra. La forma en que Suecia hizo seguimiento del caso, con la asistencia activa de Gran Bretaña, tenía como objetivo ponerlo bajo presión y atraparlo en la embajada. Suecia nunca estuvo interesada en encontrar la verdad y ayudar a estas mujeres, sino en colocar a Assange contra la espada y la pared. Se ha abusado de los procesos judiciales destinados a empujar a una persona hacia una posición en la que no puede defenderse. Además de eso, están las medidas de vigilancia, los insultos, las humillaciones y los ataques de los políticos de estos países, incluso las amenazas de muerte.

Este abuso constante del poder del Estado ha desencadenado un estado grave de estrés y ansiedad en Assange y ha resultado en daños cognitivos y neurológicos medibles. Visité a Assange en su celda en Londres en mayo de 2019 junto con dos médicos experimentados y ampliamente respetados que se especializan en examen forense y psicológico de las víctimas de tortura. El diagnóstico al que llegaron los dos médicos fue claro: Julian Assange muestra síntomas típicos de tortura psicológica. Si no recibe protección pronto, es probable que su salud se deteriore rápidamente y podría morir.

(Nils Melzer en Agencia Pública, 2020)

Es la juiciosa violencia aplicada por el Estado la que persigue esa muerte. No es la primera vez.  La muerte de Aaron Swartz y puso de manifiesto cómo el FBI tenía la capacidad de acosar a los hackers hasta el desmoronamiento psicológico y, eventualmente, la muerte (Knappenberger, 2014). En el caso de Assange, el ex director de la CIA Mike Pompeo tenía preparados operativos de secuestro y asesinato de Assange en caso de que tratase de escapar a Rusia en busca de asilo político (cf. HispanTV, 2021). No fue necesario llevarlos a cabo, porque tras presiones diplomáticas Ecuador entregó a Assange a Reino Unido. La jueza encargada del proceso de extradición, Vanessa Baraitser rechazó la petición de extradición alegando riesgo de suicidio (Fresneda, 2021). El patrón es el mismo que con Aaron Swartz: acorralar al hacker en todos los aspectos de su vida en los que intervenga el Estado, cada resquicio de la cotidianidad, restringiendo cada uno de sus movimientos, cegando cada una de sus esperanzas, retrasando indefinidamente el juicio y su posibilidad de defenderse públicamente, hasta que pierda toda esperanza de recuperar su vida y se la quite con sus propias manos. Demostrar que no existe libertad posible sin el consentimiento del Estado. Así que la sentencia de la jueza fue recurrida por los Estados Unidos, lo que mantuvo a Assange en aislamiento carcelario un año más. Hasta que ayer (10 de diciembre de 2021) Reino Unido autorizó la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.

Finalmente, después de una larga peripecia, Assange ha sido puesto por la justicia británica a merced de sus verdugos. La voluntad de matar a Julian Assange es, llegados a este punto, inequívoca. Los medios para llevarla a cabo son extrajudiciales, y por lo tanto no hay otra manera de defender legítimamente la vida de Assange que la acción directa por parte de la población civíl. Por supuesto, los medios de comunicación tratar´án de usar cualquier ataque al Estado como una confirmación de los peores temores de la CIA. En el mejor de los casos, desviarán nuestra atención convirtiendo esta pantomima en un debate acerca de la libertad de expresión. No se trata de eso: se trata de terrorismo de estado, y todos debemos combatirlo con las mejores armas que tengamos a mano, porque la acción directa es el único antídoto contra semejante abuso de poder.

El Estado es, en esencia, un asesino abstracto. Su gobierno detenta el poder ejecutivo, que consiste en ejecutar, lo mismo que los verdugos. Y la película El Verdugo de Berlanga ilustra perfectamente esta naturaleza del Estado en el personaje que encarna Pepe Isbert: un tipo amable y educado cuya errática conversación nos produce cierta simpatía y nos distrae del hecho de que está armando un garrote vil que acabará con la vida de un hombre. El Estado, como el verdugo —y como gustaban de proclamar los genocidas en Nuremberg— sólo hace su trabajo. Pero en ningún momento deja de mostrarnos ese garrote intimidante, mostrándonos en Assange lo que le pasa al que se inmiscuye en ese trabajo. El Estado nos deja claro que no nos compete a nosotros —tal vez sólo a Dios,  en las teocracias, o la Providencia en las naciones— juzgarlo. Pero dejando a un lado divinas providencias y otras conjeturas, limitándonos a los hechos: si no los juzgamos nosotros, o permitimos que maten a quien lo hace, ¿quién vigila al vigilante?

Referencias:

¿Qué fue de la revolución?

Síbaris fue una ciudad próspera de la región calabresa que en el s. V a.C. comerciaba con Mileto y los etruscos. Su éxito comercial llevó a sus habitantes a un grado de refinamiento tal, que rehusaban probar comida que no fuera un manjar, beber un vino que no fuera el más exquisito, vestir prenda que no estuviera elaborada con la más fina seda, engarzar joya que no fuera de la mejor talla o incluso montar un caballo al que no se le hubiera enseñado, además de a trotar y galopar, también a bailar. De hecho los caballos sibaritas cobraron más fama por su agilidad en el baile que por su velocidad en las carreras.

Envidiosa de su prosperidad, Crotona envió a su ejército a invadirla. Los sibaritas les esperaban extramuros exhibiendo su poderío, perfectamente pertrechados, con sus lujosas armaduras, con sus afiladas espadas, subidos en sus corceles. Y en el momento del ataque, los soldados de Crotona sacaron sus flautas y se pusieron a tocarlas al unísono, de modo que los caballos se olvidaron de la batalla y se pusieron a bailar. Los sibaritas fueron derrotados con facilidad.

La clase media es sibarita. Se compone de pequeños propietarios de clase obrera. Una clase obrera que ya no es proletaria porque se la ha cebado con sueldos mayores a condición de que los invierta en consumo; y, por tanto, teme atacar la propiedad privada, pasando así a defender los privilegios de los grandes propietarios. Esto configura una moral pequeñoburguesa en la que cualquier revolución fracasará al son que marque el consumismo. Pero al mismo tiempo, la mera idea de revolución tiene un efecto redentor en una moral en la que todo orbita entorno a descargar el inmenso sentimiento del culpa que provoca extraer felicidad del dolor ajeno. Una moral que les permite convertir su centro de gravedad en un punto ciego. Así, en la novela, en las películas, y en las fantasías de los distintos mass media, el revolucionario siempre es el héroe, como lo eran también los piratas y los bandoleros. Pero una cosa es fantasear con ella, y otra llevarla a cabo. Y ahí, la clase media se detuvo cuando tomó las riendas de la izquierda en el 68, en cuyo mayo los estudiantes universitarios reemplazaron a los obreros en las protestas callejeras, al grito de «Bajo los adoquines está la playa».

Mientras exista la clase media, no habrá revolución. Pero no hay por ello que incurrir en la falacia de la afirmación del consecuente, y concluir que cuando no haya clase media vendrá la revolución, porque los repertorios de lucha y acción directa se aprenden de generación en generación, y esa clase media los ha olvidado.

En España, por ejemplo, según el CIS, hace 20 años el 50% de los españoles se consideraban de clase obrera. Hoy son el 19%. Si se produjeran las condiciones idóneas para una revolución ahora mismo, los caballos bailarían frente a Síbaris.